Behatokia

Pensiones: canallada de la derecha

Por José Luis Úriz Iglesias - Martes, 13 de Febrero de 2018 - Actualizado a las 06:00h.

DICE un sabio dicho popular, a modo de recomendación: “Procura que el árbol no te impida ver el bosque”. Aplicado a este país, se podría interpretar que evitemos cegarnos con las tensiones Estado-Catalunya -a partir de este momento habrá que ampliarlo a Estado-Catalunya-Euskadi-, que a modo de señuelo nos echan cada día para que nos impida ver las agresiones que durante estos más de cinco años de gobierno el PP ha cometido sobre el Estado del Bienestar que tanto costó construir a la izquierda.

Agresiones a la sanidad, servicios sociales, o educación pública, al acceso de una vivienda digna, o al estado de nuestras carreteras que se colapsan a la menor nevada, al transporte por tren y, por último, quizás la más importante, al sistema de pensiones. Con el agravante de que esta afecta a más de ocho millones de personas que en muchos casos malviven con cantidades de miseria.

Parece profundamente injusto que habiendo sido los pensionistas quienes han mantenido este país durante la crisis, debido a que muchos familiares jóvenes en paro han recibido las ayudas para sobrevivir desde sus pensiones, ahora estén sufriendo la brutal agresión de una derecha sin escrúpulos, de una derecha corrupta representada por el gobierno del PP, que ha olvidado esta etapa de nuestra reciente historia y de nuevo recoge la aparcada bandera de llevarles con miedos y engaños hacia planes de pensiones pensados para beneficiar a los de siempre.

Debemos hacer un poco de historia, ya que este país cada día es más desmemoriado, quizás como consecuencia del intenso trabajo de lavado de cerebro que practican los poderosos poderes fácticos. Si preguntáramos a los jóvenes de hoy qué es el Estado de Bienestar o, en el caso que nos ocupa, qué significa el Pacto de Toledo, muy pocos contestarán con un mínimo de acierto. El Pacto de Toledo que tanto mencionan los expertos al hablar de las pensiones es un acuerdo al que en 1995 llegaron los partidos políticos, refrendado en el Congreso de los Diputados, que se refería al “análisis de los problemas estructurales del sistema de seguridad social y de las principales reformas que deberán acometerse”. Es su definición oficial. Pero lo que se pretendía con él era garantizar la supervivencia del sistema y en especial de las pensiones tal y como estaban ideadas en un momento en el que ya comenzaba a detectarse un descenso en las aportaciones al fondo común, acompañado de un incremento de los gastos. Al mismo tiempo, separaba las diferentes fuentes de financiación de las prestaciones, dejando las llamadas no contributivas y universales (sanidad, servicios sociales, etc.) a cargo de la imposición general y las pensiones contributivas a cargo de un sistema de cotizaciones sociales.

En ese instante de nuestra historia, la voluntad de los legisladores era la del consenso para salvar un elemento vital de nuestra democracia: el sistema de pensiones que estaba reflejado como derecho fundamental en la Constitución de 1978, que en su artículo 50 señala: “Los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Aunque el Gobierno de Rajoy parece interpretar que los términos “adecuadas” y “actualizadas” se adaptan a las agresiones que en los últimos años ha realizado a sus cuantías y actualizaciones. O sea que el famoso 0,25% de subida se ajusta perfectamente a la norma constitucional.

Ese susodicho y manido Pacto de Toledo trajo como consecuencia práctica la creación de una comisión de seguimiento en el Congreso de los Diputados, que nació con un espíritu de consenso para beneficio del bien común, para ir actualizando periódicamente el mismo. Lamentablemente, desde la llegada del PP al poder no ha podido cumplir esa función y actualmente la comisión se halla absolutamente bloqueada, quizás también por una desidia de la oposición y de una izquierda que nuevamente ni está ni se la espera, más interesada en sus cuitas.

Como colofón de esa historia, cabe recordar que en el año 2000 se creó una especie de hucha de las pensiones, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, cuya finalidad era acumular en momentos de crecimiento cantidades que pudieran garantizar su mantenimiento en los de crisis. Esa hucha, que en 2011 alcanzó su cifra máxima, 61.000 millones de euros, ha quedado reducida a prácticamente nada en el presente año, provocando una crisis sin precedentes.

¿Todo se ha gastado en cubrir el déficit de las pensiones? La respuesta es negativa. Rajoy y los suyos han ido sacando periódicamente cantidades para cubrir otras necesidades. Así que la primera reflexión que debemos hacer es que, precisamente por ese motivo, ahora debe devolverlas.

¿Eso solucionaría el problema? Según economistas ilustres como Niño Becerra, no lo haría ya que el problema no es coyuntural sino estructural. La profunda y larga crisis que llevamos sufriendo desde 2008 ha tenido consecuencias nefastas para el empleo y su calidad, o sea para los ingresos. Hoy, los salarios medios, y por tanto los ingresos de los impuestos derivados de los mismos, están un 20% por debajo de la situación anterior a la crisis y cada vez son más precarios, lo que hace que el sistema se resienta. Si los ingresos disminuyen y los gastos aumentan la quiebra está garantizada. Solo una medida de emergencia nacional que reconduzca el mercado de trabajo a la situación anterior, garantizaría su supervivencia. La visión de la derecha de que esto se soluciona recortando gravemente las pensiones, debe tener enfrente una igual o más potente de la izquierda en su conjunto que plantee que su mantenimiento debe venir por el incremento de ingresos, a través de la mejora de los salarios y la estabilidad laboral.

Al mismo tiempo, la derecha, la antigua del PP, ha puesto en marcha una campaña de mentiras y miedo para llevar a la ciudadanía hacia un sistema privado de pensiones, advirtiendo sutilmente de la posible quiebra del público. Y también la nueva derecha de Ciudadanos va enseñando levemente su patita en la misma dirección. Y resulta insultante que Rajoy, en sus últimas declaracione, anime a los españoles a ahorrar durante la vida activa para poder vivir durante la jubilación. ¿Se refiere de modo indecente a ahorrar con los salarios de miseria actuales?

Pero, en contraste con ocasiones anteriores y quizás por torpezas como la citada, las y los pensionistas se están despertando del largo letargo y comienzan a movilizarse. Lamentablemente, esa movilización no está siendo a través de sus sindicatos de clase, que cada vez lo son menos, sino desde asociaciones creadas a las que estos se van sumando, a veces a regañadientes.

La izquierda, toda la izquierda, la política, la sindical y la social debe entender que este problema supone la agresión más importante desde la implantación de la democracia a las capas más vulnerables de la sociedad, los y las pensionistas. Debe unir fuerzas sin posiciones sectarias ni electoralistas porque sólo desde la unidad inquebrantable y generosa de la izquierda se podrá resolver esta crisis. Los pensionistas somos una potentísima fuerza de movilización, sobre todo electoral, que puede resultar nuestra arma más eficaz. Más de ocho millones de votantes, más aledaños, son muchos votos. Y si abandonamos nuestra tradicional posición conservadora podremos frenar esta histórica agresión.

Es cierto que existen pensionistas de derechas, de izquierdas, de centro, que pueden votar al PP, PSOE, Ciudadanos o Podemos, pero en esta ocasión y aunque solo sea por una posición egoísta (ojalá fuera también de clase) debemos votar castigando a quienes nos agreden o se intuye que pueden hacerlo y volcarnos en apoyar a quienes garanticen el respeto a nuestras pensiones de una manera digna, creíble y valiente.