en primer lugar, ferrocarriles y fogasa

Lakua reclamará ferrocarriles y Fogasa como anticipo de prisiones y Seguridad Social

Espera un compromiso sobre prisiones y Seguridad Social, y cerrar traspasos más técnicos, como los ferrocarriles

Míriam Vázquez - Viernes, 11 de Agosto de 2017 - Actualizado a las 06:09h.

Bilbao- El Gobierno vasco quiere que se produzcan avances tangibles y concretos en la negociación de las transferencias pendientes con el Ejecutivo español. El consejero Josu Erkoreka se reunirá a finales de este mes con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, un primer tanteo que servirá para explorar los límites de cada uno en la negociación y para comprobar hasta dónde está dispuesto a llegar el Ejecutivo de Rajoy en el cumplimiento del Estatuto de Gernika, sobre todo en los traspasos de prisiones y de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Por el momento, el pálpito es positivo porque ha sido Madrid quien ha descolgado el teléfono para pedir esa reunión, hay voluntad política y, sobre todo, el PP necesita el apoyo del PNV para los Presupuestos del próximo año.

El Gobierno de Urkullu es consciente de la complejidad que entraña la negociación de sus dos transferencias prioritarias, no tanto desde el punto de vista técnico, sino político. A Madrid le pueden generar problemas de gestión interna y, en el caso de las pensiones, hay que hacer pedagogía entre los sindicatos. Aún no ha comenzado la negociación y los dos gobiernos no han dado un paso más allá de los dimes y diretes en público. El PP sigue lanzando mensajes a favor de abordar todas las demandas, pero sin comprometerse con ninguna y estableciendo varias condiciones para los traspasos de prisiones y Seguridad Social, como la disolución de ETA y mantener indemne la caja única, respectivamente.

Vistas las circunstancias, Lakua reconoce que será difícil encarrilarlas en lo que queda de año y hacerlas coincidir con los tiempos de la votación presupuestaria. Sin embargo, desde el Ejecutivo apuntan ya a un esquema similar a la negociación de la Ley Quinquenal del Cupo, que regula el método de cálculo del dinero que paga Euskadi al Estado por las competencias no transferidas. Ese acuerdo no se cerró completamente en mayo, antes de aprobar los Presupuestos estatales de este año;pero sí se sentaron las bases para sellarlo dos meses después. El Gobierno vasco quiere ahora un gesto similar que demuestre la voluntad de Rajoy a modo de garantía. En paralelo, propone ir avanzando en otros traspasos menos complejos y de menor calado político que sí pueden cerrarse por completo en cuestión de semanas y que serían una plasmación práctica de esa voluntad que quieren ver en Rajoy.

Ahí es donde emergen los traspasos de ferrocarriles, autopistas y el Fogasa, el fondo que paga los salarios pendientes a los trabajadores en las empresas en quiebra. Son traspasos sin apenas complejidad técnica y, menos aún, política. Quedaron prácticamente cerrados durante el mandato de Zapatero, pero la victoria de Rajoy dejó en papel mojado los avances. El pasado mes de julio, Rajoy lanzó un guiño de mínimos al PNV precisamente con la competencia de los ferrocarriles. Inició los trámites para que las instituciones vascas gestionaran dos de las once líneas cuyo traspaso reclaman los jeltzales.

Aunque ese movimiento venía exigido por una sentencia del Tribunal Constitucional, no es menos cierto que el fallo judicial llevaba un año sobre la mesa y hasta ese momento nadie en Madrid había hecho nada por acatarlo. La decisión de Rajoy supondrá que Adif deje de ser la titular de las líneas de Basurto Hospital-Ariz e Irauregi-Lutxana-Barakaldo, que serán asumidas por Euskal Trenbide Sarea. Aún quedan por transferir otras nueve líneas de cercanías de Renfe y FEVE que transcurren íntegramente por la comunidad autónoma. El trayecto que más brilla en esa lista es el de Bilbao/Abando-Santurtzi, que transporta a diario a miles de ciudadanos y cuyo traspaso es prioritario para el Gobierno vasco.

Tampoco se descarta que el traspaso de los aeropuertos tenga un papel destacado en las conversaciones. La competencia sobrevoló las negociaciones presupuestarias de este año en un momento muy previo y embrionario de los contactos, según informaron a este periódico algunas fuentes conocedoras del proceso. No obstante, el PNV no lo confirmó, y en el documento del acuerdo final con el Gobierno español no aparecía ninguna alusión a esa competencia. Algunas fuentes vuelven a poner el foco en este traspaso y en los encauzados durante el mandato de Zapatero.

el peor momento de rajoyLo que tienen claro desde el Gobierno vasco es que los traspasos deben producirse. El Estatuto de Gernika es ley y debe cumplirse, también en el caso de las prisiones y las pensiones. En esa defensa, la sintonía es absoluta entre los socios del gobierno de coalición, el PNV y el PSE. Además, los jeltzales creen que, una vez resuelto el conflicto del Cupo y el tren de alta velocidad, quedan pocas bazas de calado que justifiquen su apoyo a los Presupuestos de Rajoy y lo hagan comprensible a ojos de la ciudadanía. Si la izquierda abertzale ya realizó un intenso marcaje sobre los jeltzales por haber pactado los Presupuestos de este año con un PP salpicado por casos de corrupción, la situación ha empeorado en las últimas semanas con la declaración del presidente español como testigo ante el tribunal deGürtel.

Por si fuera poco, los Presupuestos tienen que registrarse en el Congreso antes del 30 de septiembre, literalmente en vísperas del referéndum de independencia catalán del 1 de octubre. Rajoy quiere impedir esa consulta y no ha desvelado ninguna oferta política para seducir a los catalanes. En ese contexto arrancará la negociación presupuestaria. Hacerse la foto con el PP en esas circunstancias entrañaría un gran riesgo político para la imagen del PNV, que solo podría justificarlo con un acuerdo de alcance, y es ahí donde afloran los traspasos pendientes.

A pesar de la dificultad política que entraña la negociación sobre prisiones y la Seguridad Social, el Gobierno vasco cree que en realidad son traspasos que no tienen tanto misterio, porque Euskadi se limitaría a gestionar esas competencias aplicando la legislación estatal. En el caso de las prisiones, gestionaría las cárceles, pero cumpliendo la ley penitenciaria española. En el caso de la Seguridad Social, recaudaría las cotizaciones y pagaría las pensiones, pero sin poder alterar la cuantía de la prestación. Es decir, el monto de la pensión lo seguiría estableciendo el Estado.