Vía libre al choque de trenes

Catalunya vivió una jornada agitada por la remodelación del Govern de Puigdemont

La remodelación del Govern apuntala un equipo dispuesto a asumir el riesgo del 1-0 y no se descartan cambios en los mossos

Míriam Vázquez - Domingo, 16 de Julio de 2017 - Actualizado a las 06:09h.

bilbao - Catalunya se despertó ayer tras una jornada agitada por la remodelación del Govern de Carles Puigdemont. La fotografía que deja la composición del gabinete catalán es la de un equipo claramente partidario de la independencia y de asumir los riesgos de la vía unilateral ante la ausencia de acuerdo con el Estado español. Estos movimientos le están costando a Puigdemont abrir una crisis interna en su partido, el PDeCAT, pero para el Govern es imprescindible trasladar el mensaje de que el referéndum del 1 de octubre va a tener lugar, sin importar la respuesta penal que pueda dar el Estado. Después de que el exconseller Baiget especulara con una consulta descafeinada y dejara ver que le preocupaba perder su patrimonio familiar, Puigdemont se ha rodeado de un equipo leal y la consigna ahora es dejar claro que no hay plan alternativo, y que el referéndum va a tener lugar aunque los consellers incurran en un riesgo penal. Todo el Govern está dispuesto a asumir el riesgo. El martes se iniciará el proceso de compra de las urnas, y la sensación es que el president ha cortado los cables de frenado y el tren avanza directo hacia la estación del referéndum. El vicepresident Oriol Junqueras, de ERC, está llamado a ser el hombre clave de la consulta, aunque estaba esperando una señal del Govern que le confirmase que no va a asumir el riesgo en solitario. Todo está listo para pulsar el botón de la desconexión.

Solo en ese marco se entienden los cambios estratégicos en los consellers clave del 1 de octubre (en Enseñanza, para asegurar la apertura de los colegios electorales; en Interior, que controla a los Mossos d’Esquadra; y en la Portavocía, para dar un mensaje unívoco). No hay plan B. El Govern traslada la idea de que ni las penas de cárcel ni los problemas logísticos que puedan surgir en la contratación de las empresas para la fabricación de urnas van a frenar el plebiscito. Todo apunta a un choque de trenes. Al otro lado de la mesa, Madrid no planteará una solución política y amaga con aplicar “la fuerza de la ley”.

El nuevo conseller de Interior, Joaquim Forn, no descartó ayer realizar cambios en su departamento para garantizar que los Mossos estén al servicio de la Generalitat en aplicación de la ley catalana y que el referéndum pueda tener lugar. Es un terreno muy espinoso, porque en el Cuerpo policial conviven sensibilidades políticas muy diferentes. Madrid baraja, además, asumir su control por las bravas aplicando el artículo 155 de la Constitución española, o la Ley de Seguridad Nacional, para que el día de la votación retiren las urnas. Forn ha hablado ya con el director del Cuerpo, Albert Batlle. En una entrevista en Rac1, se le preguntó si va a haber cambios en su departamento y en la dirección de los Mossos, pero no pudo confirmar ni desmentir nada. “Estoy hablando con todo el mundo, también con el señor Batlle, con quien me vi ayer, y no puedo garantizarle ni una cosa ni la otra”, dijo, dejando así en el aire la continuidad del jefe de los Mossos. Preguntado por si la Policía catalana va a retirar las urnas del referéndum si recibe la orden, subrayó que el Govern quiere “facilitar que la gente pueda ir a votar con toda la tranquilidad”.

El nuevo conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Jordi Turull, por su parte, se presentó dispuesto a asumir cualquier riesgo a pecho descubierto. “Cualquier paso hacia el 1 de octubre no lo veo como un problema, sino como un honor”, dijo, también en Rac1. En su opinión, la determinación del Govern “es absoluta”, y avisó al Estado de que “no lo podrá frenar”.

aviso de rajoy El Govern se enfrenta a la posibilidad de que el Estado inicie procedimientos de inhabilitación en cascada. El Tribunal Constitucional ha suspendido declaraciones del Parlament a favor de la vía unilateral, y también las partidas presupuestarias del referéndum. En esas suspensiones se añade la advertencia de que cualquier conseller o cargo del Govern que incumpla su decisión se expondrá a incurrir en todo tipo de responsabilidades. El presidente español, Mariano Rajoy, baraja también la suspensión de la autonomía sirviéndose del artículo 155 de la Constitución, pero en las últimas jornadas ha evitado agitar este punto para no caer en una sobreactuación y porque el PP es el único partido que defiende su aplicación. Ayer, sin embargo, lanzó un aviso. “Si violan la ley, nosotros la cumpliremos y la haremos cumplir. Si se desliza por la peligrosa pendiente de la radicalidad, responderemos con la razonable fuerza de la ley, la sensatez y la moderación”, dijo.